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Las otras caras del COVID-19 - Situación en Bolivia

La nueva normalidad incluye tendencias vergonzantes que no podemos admitir que vengan para quedarse. En un mundo en el que el hambre no ha dejado de aumentar desde 2015 -justo el año en el que la comunidad internacional se comprometió a erradicar el hambre, entre otros desafíos asumidos por la Agenda 2030-, 135 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda, es decir, poblaciones con desnutrición aguda alta o superior a la habitual, cifra mayor que en años anteriores.

Este dato fue publicado hace escasos días en el Informe mundial sobre crisis alimentarias 2020, elaborado por una red internacional de 16 organizaciones, entre las que se encuentran FAO, OCHA, PMA, UNICEF y la Unión Europea. En el informe se recoge además, que 183 millones de personas en 47 países están en situación de estrés, es decir, tienen un consumo de alimentos mínimamente adecuado pero no pueden permitirse gastos esenciales no alimentarios y corren riesgo de caer en fases más graves de inseguridad alimentaria.

Y paradójicamente, como ya ha ocurrido en otras crisis alimentarias, la población campesina de los países empobrecidos, la que produce el 80% de los alimentos que consumen sus compatriotas, es la que más va a acusar esta otra pandemia, que no se ve ni contagia, pero que mata, y mucho.

Ya lo estamos viendo en los territorios andinos de Bolivia donde trabajamos. Sin que haya un sólo caso confirmado de coronavirus, la situación desencadenada por éste lo está cambiando todo en las áreas rurales más remotas del país.

La seguridad alimentaria y los medios de vida de campesinas y campesinos y sus familias, de por sí frágiles, están más amenazados que nunca antes en las últimas décadas. Observamos dinámicas preocupantes, como los problemas en la comercialización de la cosecha recién recogida. Las estrategias de seguridad alimentaria de las familias campesinas necesitan de la reserva de parte de la cosecha para semilla, así como de la comercialización de los excedentes de producción para adquirir tanto los alimentos no disponibles en sus comunidades como los productos que necesitarán para la próxima campaña agrícola. Sin embargo, el miedo al contagio ha paralizado la salida de las comunidades para la venta, con lo que las familias dispondrán de menor variedad de productos alimenticios y se comerán literalmente sus posibilidades de una buena cosecha a futuro.

No en vano una encuesta sobre percepciones de la población en relación al COVID-19 que acaba de realizar en todo el país nuestro socio ACLO junto a otras instituciones, revela que la principal preocupación de la población en el área rural -donde se producen los alimentos- después de contraer la enfermedad, es quedarse sin alimentos. Y un mal estado nutricional les hará más vulnerables a las peores consecuencias del virus si es que este les alcanza.

Otra gran preocupación va asociada al cierre de las unidades educativas, en las que los programas públicos de Alimentación Complementaria Escolar no son tan complementarios, sino que en realidad sirven la principal comida diaria para muchos niños y niñas de familias empobrecidas. En zonas donde la desnutrición crónica infantil ronda el 30%, el impacto de la suspensión de estos programas puede ser demoledor.

Y como comprobamos siempre en nuestras intervenciones, las mujeres y las niñas serán las que sufran el mayor impacto. Porque son discriminadas en el reparto de alimentos en el interior de las familias, en base a patrones culturales que priorizan la buena alimentación de los varones; porque están al frente de las actividades productivas no estratégicas para la comercialización pero sí para la seguridad alimentaria de sus familias (los huertos y la cría de animales menores) que ahora se ven amenazadas; y porque aumentarán los niveles de estrés si ven que no pueden garantizar la alimentación y bienestar de sus seres queridos.

Pero la COVID-19 también nos deja iniciativas espontáneas positivas en la Bolivia andina. En los municipios rurales que han suspendido el intercambio y toda relación con el exterior para protegerse, el grado de auto-gestión de población y autoridades una vez más nos muestra lo arraigadas que están la cultura auto-organizativa y cooperativa en estos territorios. El resurgir del trueque entre familias vecinas para intentar que todas completen su dieta y repartir entre todas lo disponible, es un ejemplo. También lo es el hecho de que los mercaditos locales dentro de los municipios se abastezcan ahora de la agricultura familiar campesina de las comunidades aledañas, fomentando circuitos cortos de producción-comercialización-consumo de alimentos.

También se están organizando planes locales de contingencia que incluyen medidas fundamentalmente en el corto plazo, como paquetes de materiales para la prevención, de ayuda alimentaria o los productos agrícolas necesarios para garantizar las próximas cosechas.

Pero se debe también impulsar reflexiones entre los actores locales que ayuden a re-enfocar el modelo de desarrollo en el medio y largo plazo, permitiendo reforzar la resiliencia de las comunidades ante crisis como la que ahora atravesamos en todo el mundo, sin que su derecho a la alimentación sea moneda de cambio. De la mano de nuestras socias locales llevamos años apostando por que la agricultura familiar campesina sostenible sea una prioridad en las políticas públicas locales, trabajando por su resilencia al cambio climático, por la inserción en mercados de proximidad, por el reconocimiento del papel de las mujeres en la seguridad alimentaria así como su acceso y control a recursos productivos y económicos. También por el empoderamiento de las organizaciones campesinas, tanto mixtas como específicas de mujeres, para trasladar sus demandas y llevar su visión en los distintos espacios de planificación del desarrollo.

Pero como cada vez que la realidad nos pone a prueba, constatamos una vez más con esta crisis el largo camino que queda por recorrer y la necesidad de tener una cooperación fuerte, que promueva cambios desde la raíz de los problemas.

María González,  responsable de los proyectos de Prosalus en Bolivia y punto focal de género.