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Cómo reconstruir la cooperación

Este año, el Gobierno debe aprobar el V Plan Director de la Cooperación Española, que es el documento que define las prioridades de esa política a lo largo de los próximos cuatro años. No es una tarea sencilla, en primer lugar, porque se parte de un sistema muy debilitado, que es necesario refundar. En siete años, los recursos han caído a su cuarta parte, se han clausurado o recortado sus programas más significativos y se han descapitalizado sus instituciones gestoras. Como consecuencia, España ha retrocedido en el espectro internacional hasta puestos que producen sonrojo, al tiempo que la dimensión del esfuerzo público en materia de ayuda (el 0,12% del PNB, en 2015) se ha retrotraído al de hace 30 años, cuando a mediados de los años ochenta nacía el sistema de cooperación.

El segundo problema deriva de la necesidad de romper con la inercia de anteriores planes directores para elaborar uno que se acomode a los nuevos tiempos. La vieja idea de una ayuda limitada a recursos altamente concesionales, basada en la acción unilateral y jerárquica entre un donante rico y un receptor pobre, simplemente ha pasado a la historia. El mundo es mucho más heterogéneo que en el pasado y la cooperación para el desarrollo ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los gobiernos de la OCDE. En la actualidad, junto a esos donantes tradicionales, participan de la acción de desarrollo una pluralidad de actores no gubernamentales (ONG, fundaciones y empresas), así como muchos nuevos países procedentes del mundo en desarrollo. Brasil, Chile, Colombia, Sudáfrica, India, Turquía o China tienen sus propios programas de cooperación. Al tiempo, se ha dilatado la agenda de desarrollo, para incorporar temas como la lucha contra las desigualdades o frente al deterioro ambiental que antes ocupaban un puesto menor en las prioridades de los donantes.

Recientemente, contamos con dos documentos que recogen propuestas sobre el futuro Plan Director. Uno de ellos elaborado por ACADE, asociación independiente de profesionales de la cooperación, y el otro por los actores sociales del Consejo de Cooperación, un órgano asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ambos apuntan en direcciones convergentes:

  • Antes de cualquier definición estratégica, el Gobierno debería adelantar de forma explícita la dimensión de su compromiso presupuestario en la presente legislatura.
  • Revisar la arquitectura institucional del sistema de cooperación, hoy muy fragmentada y con instituciones que se solapan en sus competencias.
  • Mejorar las capacidades institucionales y técnicas del sistema de cooperación, que deben ir en paralelo a la dimensión de los recursos gestionados.
  • Abandonar la visión cartográfica y reglamentista de las prioridades sectoriales y geográficas, para transitar hacia un plan que defina de forma precisa y evaluable sus propósitos estratégicos, pero que deje mucho espacio abierto al proceso de construcción de las alianzas y políticas que nos pueden llevar a esos propósitos.
  • Por último, ambos documentos insisten en la necesidad de que el nuevo Plan Director sea un documento ilusionante, audaz y comprometido, que ponga en tensión las capacidades humanas y técnicas de la sociedad para construir iniciativas de desarrollo.

Accede al artículo completo de José Antonio Alonso en Planeta Futuro