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2 años sin sanidad universal

Manifestación en contra de las reformas sanitarias_CC_By_Medicos del Mundo

Hace ya dos años que el Gobierno aprobó el Real Decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas, inmigrantes en situación irregular, con el fin de evitar un "insostenible déficit en las cuentas públicas". Sin embargo, el ministerio aún no puede explicar ni calcular cuánto dinero se ha ahorrado con esta medida. Por desgracia, debemos lamentar la muerte de tres personas: Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán. Con este real decreto, España ha incurrido en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud que podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por tratarse de una medida regresiva y discriminatoria.

El real decreto estableció que las personas sin tarjeta sanitaria sólo serán atendidas en los siguientes casos: urgencias, supuestos de embarazo, parto y posparto, menores, solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión. La reforma, además de modificar las atenciones incluidas en el sistema sanitario y la prestación farmacéutica, redefinía los requisitos para ser asegurado y beneficiario de la sanidad pública. Fuera de esta condición quedaban los inmigrantes sin permiso de residencia, pero también aquellos en situación regular de más de 26 años que no hubieran cotizado nunca y obtuvieran sus papeles después del 24 de abril de 2012 (fecha de publicación del decreto). También afecta a ciudadanos nacionales. Los españoles que se sitúen por encima de esa edad y no hayan trabajado deberán acreditar unos ingresos inferiores a cien mil euros anuales para conseguir una tarjeta sanitaria.

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Fotografía: CC-BY-Médicos del Mundo